Tras la ofensiva fiscalizadora de la DGAC, los jefes comunales de las zonas extremas alzaron la voz. Mientras Fernando Grandón (Futaleufú) exige que la discusión no se transforme en un negocio, respalda mayores controles, Clara Lazcano (Chaitén) formalizó su preocupación ante el Gobierno por una eventual caída en las frecuencias de vuelo.
La disputa por el control total y las reglas de vuelo en el aeródromo La Paloma escaló hacia los principales usuarios del terminal: las comunidades aisladas de la provincia de Palena. Luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el municipio de Puerto Montt alinearan posturas para intervenir el recinto privado, las reacciones desde los territorios dependientes de estas rutas aéreas evidenciaron dos miradas profundamente distintas sobre el conflicto.
Futaleufú: «Esto no se puede transformar en una discusión de negocio»
El alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, reconoció que las comunas aisladas han estado al margen de las reuniones formales, enterándose de la polémica únicamente a través de la prensa. Pese a ello, fue tajante en respaldar cualquier medida que mitigue los riesgos inminentes que enfrentan los pasajeros en los trayectos hacia la provincia.
«Cualquier tema que vaya asociado a seguridad, toda la población y en general hay una sensación de que se tienen que tomar las medidas. Si disminuyen los vuelos por un tema de seguridad, van a tener que disminuir. Eso no es tema», afirmó la autoridad.
Grandón criticó el tono que ha tomado el debate por parte de los operadores privados, quienes han advertido pérdidas económicas y bajas del 40% en las operaciones si se modifican los mínimos meteorológicos. «Esto no se puede transformar en una discusión de negocio, de si gano más o gano menos. Las condiciones en zonas extremas van más allá; el Estado debe dar las condiciones de seguridad aéreas, marítimas y terrestres. Hoy el pasaje que pagamos es carísimo, entonces que nos asusten con que va a subir más no es la discusión que queremos tener», fustigó el edil de Futaleufú.
Chaitén recurre al Gobierno por temor a aislamiento
En la otra vereda, la alcaldesa de Chaitén, Clara Lazcano, manifestó una alta preocupación por el impacto social y económico que provocaría un cambio drástico en las reglas de operación en Puerto Montt, advirtiendo repercusiones directas en sectores apartados como Ayacara.
«Estamos muy preocupadas porque esto puede ir en detrimento de la cantidad de vuelos que tenemos a nuestra comuna. Nos movemos en base a la cantidad de viajes que hacen las líneas aéreas», explicó la jefa comunal.
Lazcano defendió el funcionamiento histórico del aeródromo de la capital regional, asegurando que en la actualidad operan «súper bien» y sin incidentes graves que justifiquen alterar las frecuencias. Debido al riesgo latente para el desarrollo local y el turismo, la alcaldesa confirmó acciones institucionales: «Hemos elevado un oficio al Delegado Presidencial para hacer saber a la DGAC la posición de esta alcaldesa y la preocupación de todos los vecinos».
El conflicto técnico y político en el principal puente aéreo del sur de Chile sigue abierto. Mientras la DGAC diseña el plan de fiscalización definitivo mandatado por la Contraloría, los alcaldes del sur austral exigen ser incluidos en una mesa de trabajo para que las exigencias legales no terminen pagándolas los usuarios de las zonas más rezagadas de la región.
