Un total de 10 personas fueron formalizadas en la comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, tras ser acusadas de exhumar ilegalmente el cuerpo de un amigo desde un cementerio local. El hecho, que ha causado impacto en la comunidad, quedó al descubierto luego de que se denunciara la intervención no autorizada en la sepultura.
Se trata del caso de Yuri Muñoz, un joven que murió en un accidente de tránsito en mayo de 2025, cuyo cuerpo fue removido en septiembre por sus amigos desde el lugar donde se encontraba sepultado.
De acuerdo con los antecedentes presentados en la audiencia, los imputados habrían ingresado al recinto y retirado el cuerpo del fallecido para trasladarlo a otro lugar, sin contar con los permisos legales correspondientes. La situación derivó en una investigación que culminó con la formalización del grupo por delitos vinculados a la exhumación ilegal.
Esta escabrosa situación quedó al descubierto cuando la familia de Yuri Muñoz —joven que murió en un accidente de tránsito— viajó como cada fin de semana desde Castro a Dalcahue para visitar su tumba. Faltaban solo días para concretar su traslado a la capital de la provincia de Chiloé. No obstante, se encontraron con una terrible sorpresa.
La tumba donde lo había dejado su familia, a la espera de su traslado definitivo a Castro, fue profanada. Sus restos y su ataúd ya no estaban.
El actuar del grupo incluyó la apertura de la tumba original y el posterior traslado del cuerpo, lo que constituye una infracción grave a la normativa vigente en materia de manejo de restos humanos.
El hecho generó preocupación entre autoridades y vecinos, considerando las implicancias sanitarias y legales de una intervención de este tipo.
De acuerdo con información complementaria, los involucrados habrían actuado motivados por la intención de trasladar el cuerpo a una tumba distinta, lo que explicaría la decisión de intervenir directamente en el cementerio.
Tras la denuncia, se inició una investigación que permitió identificar a los participantes y llevarlos a audiencia de formalización. En esta etapa, el tribunal comunicó los cargos y se establecieron medidas cautelares mientras avanza el proceso.
Finalmente, debido a la baja penalidad de los delitos imputados, el tribunal decretó medidas cautelares de carácter general para asegurar la comparecencia de los imputados a futuras diligencias y fijó un plazo de investigación de 120 días.
