El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género confirmó que SernamEG iniciará acciones de acompañamiento legal después de que una de las denunciantes solicitó apoyo institucional en el caso de presuntas agresiones sexuales al interior de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Regional de Puerto Montt.
La cartera expresó un «profundo lamento» por el fallecimiento de una de las denunciantes y ofreció «solidaridad con sus familiares y seres queridos», ante una trágica decisión producto de abusos en un lugar que se supone debe brindar protección y cuidados.
Desde que tomó conocimiento de los casos, el Ministerio indicó que «se ofreció apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas, respetando en todo momento sus decisiones y autonomía respecto de los acompañamientos ofrecidos».
La Secretaría Regional Ministerial ofició al Hospital Regional de Puerto Montt con el objetivo de solicitar «antecedentes detallados respecto de las medidas adoptadas por el establecimiento y el estado de las investigaciones internas».
El Ministerio consideró «indispensable que estos graves antecedentes sean esclarecidos con total celeridad y transparencia, que se determinen las responsabilidades que correspondan y que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en ningún espacio de atención de salud».
La cartera reiteró su «compromiso con el acceso a la justicia, la protección de los derechos de las mujeres y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género», al señalar que colaborará «dentro del ámbito de nuestras competencias y respetando el curso de las investigaciones judiciales en curso».
En noviembre de 2024, medios nacionales reportaron las primeras denuncias de abuso sexual en el Hospital Regional de Puerto Montt. Desde entonces, más de un año y medio ha transcurrido sin avances sustantivos en la investigación.
No obstante, en 2021 se originó el vínculo entre «Camila y Sofía» durante un tratamiento ambulatorio en el Hospital de Día. Tras recibir el alta, Sofía reveló a su amiga episodios de violencia sexual sufridos en hospitalizaciones previas, lo que llevó a Camila a intentar denunciar ante la jefatura de enfermería. Sin embargo, su relato fue desestimado bajo el argumento de que “no se le podía creer a una paciente psiquiátrica” y nunca se activaron protocolos de protección.
Tiempo después, Camila ingresó a la Unidad de Psiquiatría, donde describe un ambiente hostil y abusivo. Relata que fue sometida a sedación excesiva, maltrato físico y psicológico, y que dos funcionarios iniciaron un proceso de acercamiento que derivó en agresiones sexuales reiteradas. Sus intentos de pedir ayuda al psicólogo del recinto fueron ignorados y, tras un episodio nocturno, fue culpabilizada por el personal y dada de alta sin medidas de resguardo.
En 2024 Sofía decidió denunciar formalmente, y Camila se sumó para respaldar el caso. No obstante, enfrentaron obstáculos en Fiscalía, con archivos provisionales y falta de apoyo institucional. Mientras Camila logró costear terapia privada para avanzar en su recuperación, Sofía quedó atrapada en un sistema sin acceso a tratamientos especializados ni avances judiciales, lo que deterioró gravemente su salud hasta su fallecimiento. Según Camila, la diferencia estuvo en que ella pudo pagar terapia, mientras su compañera fue abandonada por las instituciones.
